Historia de Luis Casal • 2 minutos de lectura

En julio, los socios de Pedro Sánchez fueron claros: si algún día se demostraba financiación irregular del PSOE, el Gobierno no podría continuar. Es la línea roja que marcó Yolanda Díaz, que repitió Gabriel Rufián y que asumió el resto de los partidos que sostienen la legislatura. Tres meses después, con un informe de la UCO que investiga pagos en metálico y una serie de autos del Tribunal Supremo que aprecian indicios “potencialmente delictivos”, nadie dice nada.

Ni Sumar, ni ERC, ni Bildu, ni el PNV. Silencio total. Ninguno de los socios ha querido pronunciarse sobre un documento que contradice la versión que Moncloa dio en verano: que el caso Koldo era un asunto individual, sin implicaciones para el partido. Aquella explicación sirvió para cerrar filas en julio y ganar tiempo. Hoy, con los pagos bajo sospecha, se sostiene con alfileres.

Yolanda Díaz avisó de que su “límite” era la financiación irregular del PSOE. “Tenemos pocas líneas rojas, pero esta es una”, dijo. Rufián fue aún más explícito: “Jure y perjure que no estamos ante la Gürtel del PSOE”. Sánchez contestó entonces que no se podía “hacer de la anécdota una categoría”. Pero la investigación sigue su curso y cada nuevo dato debilita ese argumento.

El problema no es sólo judicial. Los socios que creyeron en Sánchez en verano son los mismos que ahora evitan las preguntas. En Sumar recuerdan que no hay “nada nuevo” y que no hablarán hasta que haya conclusiones firmes. En ERC insisten en que “la corrupción no se negocia”, pero evitan mencionar los últimos indicios. El PNV pide “transparencia” y en Bildu admiten en privado que el caso “desgasta a todos”.

Ninguno quiere provocar una crisis que pueda derivar en elecciones. Todos asumen que una caída del gobierno les pasaría factura. Por eso prefieren esperar. Si la investigación no avanza más allá de los nombres conocidos —Ábalos, Koldo y los contratistas—, aguantarán. Si el caso apunta al partido, tendrán que decidir si romper o mirar hacia otro lado.

La legislatura entra en una fase delicada. El Gobierno se juega la gran reforma judicial de la legislatura y su propia estabilidad tras romper con Junts. Antes del final del año tendrá que presentarse la senda de déficit y ya está incumpliendo la Constitución con los plazos de los presupuestos.

En Moncloa niegan cualquier inquietud. Dicen que el caso “no afecta al presidente” y que no hay indicios de financiación irregular. Pero entre los socios empieza a cundir la sensación de que la versión oficial no basta. Que la sombra del dinero sin justificar en Ferraz puede convertirse en un problema mayor que el de Koldo o de Ábalos. Nadie quiere ser el primero en romper el silencio, pero todos saben que la situación es insostenible si la investigación continúa avanzando. 

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🧨 Caja B: ¿Corrupción o contabilidad creativa?

COMENTARIO:

Introducción:

Mientras algunos medios elevan sus titulares al nivel de dogma —Vox Populi, vox dei, dicen— este comentario se atreve a cuestionar la narrativa oficial sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. ¿Corrupción estructural o contabilidad chapucera? Aquí se desmonta el escándalo con ironía, hechos y una pizca de sarcasmo.

La oposición ataca, como siempre, con su estilo inconfundible: mentiras, medias verdades, malentendidos intencionados y hechos inexistentes… o, al menos, no comprobados, pero ya dados por ciertos. Confunden lo personal con el partido, solo para lanzar barro, presentando como conducta delictiva lo que, en todo caso, sería responsabilidad individual.

Olvidan, por supuesto, una obviedad jurídica: son las personas —no los partidos ni las empresas— las que responden ante la ley penal. Y olvidan también que, hasta ahora, el único partido oficialmente condenado por corrupción en España es el PP, con su famosa caja B de procedencia dudosa. Pero en política todo vale: golpes bajos, mentiras y espectáculo.

Vamos a los hechos:

1. Dos miembros del PSOE, uno de ellos ministro de Transportes, pillados con las manos en la masa; uno incluso en prisión preventiva. ¿Los conocía Sánchez? Claro, como si yo no conociera a mis familiares. Y si alguno se porta mal, ¿es culpa mía? Como mucho, lo echo de casa…
2. En la investigación, aparecen reembolsos en efectivo. Se llama a declarar al director administrativo del partido y a su secretaria. Respuestas: “no sé”, “no recuerdo”… Normal, los hechos son de hace años y manejan toneladas de papel cada día. Al final, se descubre que los gastos se pagaban en efectivo. ¡Horror! Para el juez, “efectivo” suena a delito, evasión, escándalo. Y salta la alarma: “Caja B”.

Empiezan las preguntas: “¿Por qué?”, “¿De dónde salía el dinero?”, “¿Quién autorizaba?”. Los pobres testigos intentan responder, pero el juez sentencia: “sistema contable pésimo”, “riesgo de fraude”, “¿de dónde venía el efectivo?”. Pregunta clave.

Quizá el juez no recordaba que, días antes, el secretario general del PSOE —y actual presidente—, Pedro Sánchez, había explicado: “La contabilidad está auditada internamente y por la Corte de Cuentas”. No hay caja B. Los pagos en efectivo se realizan por simplicidad administrativa, con fondos retirados del banco o, raramente, con aportes legales de terceros”.

Vamos, agua al fuego.

Pero no: alguien, como el artículo de arriba que viene de Vox Populi, vox dei (?), que habla de financiación irregular del PSOE, decide que ya estamos en el delito, la estafa, la famosa caja B… que, por cierto, sí tenía el partido que ahora grita “¡al ladrón!”.

En realidad, es sencillo: el juez no entiende de contabilidad, así que pedirá ayuda. ¿Puede haber abusos en los reembolsos? Por supuesto. ¿Se puede verificar si alguien cenó por trabajo o con su amante? Imposible. Se presume buena fe, salvo que el importe sea elevado. Si hay abuso, es el partido quien debe denunciar… o echar al culpable a patadas.

Gianfranco Maitilasso Grossi