La Audiencia Provincial frena el exceso judicial en el caso Begoña Gómez
Historia de Víctor García Marrero • 2 minutos de lectura
El caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, no deja de sumar capítulos. La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la intención del juez Juan Carlos Peinado de separar en dos piezas la investigación por presunta malversación, ordenando unificar las causas en un solo proceso. En lenguaje llano: habrá una sola investigación, no dos juicios paralelos.
El tribunal ha considerado que la decisión del magistrado fue “prematura e inmotivada”, lo que en términos judiciales equivale a decir que no existía base suficiente ni argumentación sólida para dividir la causa. No es un detalle menor. Significa que el propio órgano revisor ha advertido cierta precipitación y falta de rigor en una instrucción que, desde sus inicios, ha estado rodeada de ruido mediático y controversia.
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La Audiencia Provincial frena el exceso judicial en el caso Begoña Gómez, ni Begoña Gómez es primera dama, ni precisa regulación su condición particular
La delgada frontera entre la justicia y el espectáculo
La justicia, como la medicina, requiere precisión. Cuando un juez actúa movido por impulsos más propios del escaparate que del análisis sereno, se erosiona la confianza en las instituciones. Este caso comenzó a partir de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, sustentada en recortes de prensa. Desde entonces, las imputaciones han ido creciendo como una bola de nieve sin que se hayan presentado pruebas concluyentes que justifiquen semejante despliegue judicial.
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La Audiencia, sin embargo, mantiene abierta la investigación por malversación. Y hace bien. No se trata de blindar a nadie frente a la ley, sino de garantizar que se aplique con proporcionalidad y fundamento. La justicia debe investigar, sí, pero también debe protegerse de su propio exceso. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en un arma política más, disfrazada de imparcialidad.
El precio del descrédito institucional
Cada decisión precipitada, cada filtración interesada, cada instrucción que se dilata sin rumbo deja una herida en la confianza ciudadana. En una democracia madura, el poder judicial tiene el deber de ser el contrapeso del poder político, no su adversario. Confundir esa función es peligroso: cuando la justicia se convierte en protagonista de la política, todos perdemos.
Este episodio debería servir para reflexionar sobre cómo el sistema judicial maneja los casos que involucran figuras públicas. La separación de poderes no consiste en levantar muros, sino en construir puentes de respeto institucional. En este contexto, el fallo de la Audiencia actúa como un recordatorio: la justicia no puede confundirse con la sospecha perpetua ni con la venganza política.
España necesita una justicia firme, pero también justa, capaz de resistir la tentación del titular fácil y de mirar más allá del ruido. Porque la confianza ciudadana, una vez quebrada, es difícil de recuperar. Y sin confianza, la democracia se resiente. @mundiario